PALABRAS CON HISTORIA: VOTO

Por: Marcos López Herrador


¿Es el voto la máxima expresión de la voluntad popular en una Democracia?

Voto: Decisión de una persona sobre las opciones que se presentan en una elección o consulta.

En Democracia, los ciudadanos participan en el sistema político eligiendo a sus representantes y a su gobierno mediante el voto, como expresión suprema y libre de su voluntad.
Generalmente, el ejercicio normal del derecho de voto se refiere a la elección de
parlamentarios, del gobierno o del jefe del Estado en los regímenes republicanos y, muy
excepcionalmente, se vota en referéndum sobre cuestiones esenciales, que deben ser aprobadas
por el pueblo en su conjunto.
No hay que hacer un gran esfuerzo para darse cuenta de que el voto es la piedra
angular de todo sistema democrático y, por tanto, constituye la mayor expresión que de
Democracia puede darse. Nada hay más democrático que votar en libertad.
Parecería que debiéramos elevar este principio a categoría de verdad absoluta y zanjar
aquí el asunto. Bien, me parece bien, estoy casi de acuerdo. Sí, efectivamente, casi, porque en lo
fundamental no puedo estar más de acuerdo. Ahora bien, no creo en las verdades absolutas,
porque generalmente suelen ocultar el peor dogmatismo. No creo que se deba terminar nunca
de reflexionar sobre los asuntos que son esenciales. Así que permítanme realizar algunas
consideraciones.
Si nos fijamos un poco, caeremos en la cuenta de que, efectivamente, lo habitual es
que, en Democracia, se vote con una frecuencia periódica para elegir representantes y
excepcionalmente para emitir una opinión sobre un asunto de trascendencia política.
Pero, si la Democracia es el gobierno del pueblo, ¿no debería apelarse a él con más
frecuencia para la toma de decisiones?
Los partidarios de la democracia directa quieren que aceptemos que ésta es superior a
la democracia representativa, e insisten en que es más democrático apelar continuamente al
pueblo, que dejar en manos de sus representantes las decisiones de gobierno. Pero la verdad es
que, bajo este planteamiento tan aparentemente democrático, lo que se esconde es el peor
ataque que pueda hacerse a la Democracia. La apelación permanente a que el pueblo vote es la

bandera bajo la que se esconden quienes quieren acabar con ella.
Seamos claros: La Democracia sólo puede ser representativa. El pueblo, que es un ente
colectivo, es incapaz de ejercer el gobierno por sí mismo. Un gobierno, para resultar eficiente,
tiene que ser gestionado por alguien cualificado, que se dedique con continuidad, constancia,
conocimiento de los asuntos, con capacidad para actuar y que pueda responder de sus actos
ante quienes le han elegido.
Aquellos que defienden la democracia directa, lo que pretenden es que las decisiones se
tomen en círculos populares o en asambleas públicas, que naturalmente y en cualquier caso
ellos dominan. Conviene decir que los círculos son anarquistas y las asambleas son soviets
comunistas. Así que de demócratas nada.
La Democracia si no es representativa, no es Democracia. Así de sencillo.
Además, toda votación ha de estar contemplada por la ley y debe estar sometida a lo
que en ella se establezca. Pretender apelar al pueblo o a las bases en los casos no contemplados
por la ley, es un ejercicio de puro oportunismo político por parte de quien sugiere la consulta.
Las decisiones habituales de gobierno deben ser tomadas por quienes son responsables
de gobernar. Apelar a que el pueblo decida es quitarse la responsabilidad de encima, puesto
que el pueblo no adquiere responsabilidad ninguna por sus decisiones, dado que no responde
ante nadie.
Si con la excusa de que, el voto del pueblo es la quintaesencia de la Democracia, se
apela a él en los casos no contemplados previamente por la ley, el gobernante puede caer en un
ejercicio permanente de oportunismo, porque, naturalmente, someterá a consulta lo que a él le
convenga y no consultará lo que no. No será el pueblo el que por tanto gobierne, sino que
gobernará el que controle el proceso de someter a consulta unas cuestiones sí y otras no. Nada
impedirá entonces que procesos legislativos previstos en la Constitución con determinados
requisitos, se ignoren mediante la apelación directa a una consulta popular, con lo que el orden
y la seguridad jurídica saltará por los aires y el caos estará servido.
Surge aquí una cuestión fundamental que no acaba de dirimirse con claridad, cuando es
muy fácil llegar a una conclusión correcta.
El asunto es el siguiente: ¿Puede la voluntad popular, democráticamente expresada,
decidir sobre cualquier cosa, aunque sea al margen de la ley?
Los partidarios de la democracia directa dirán inmediatamente que sí, porque nada
puede estar por encima de la voluntad del pueblo cuando se expresa democráticamente.
Parece que resulta indiscutible lo dicho, si se es demócrata. Sin embargo, hay en todo
esto un error fundamental, porque el planteamiento correcto debería ser el siguiente: ¿Es
superior a la ley la voluntad del pueblo democráticamente expresada? La respuesta es sí. Tan

superior es que puede promulgar la ley, puede modificarla o puede derogarla. Ahora bien:
¿Está por encima de la ley la voluntad del pueblo democráticamente expresada? La respuesta es
no, porque pudiendo promulgarla, modificarla o derogarla, lo que no puede es incumplirla.
Si la ley prohíbe llevar a cabo algo que se pretende, modifíquese. Si no se puede
modificar, quien pretende lo que está prohibido, debe abstenerse de continuar en su propósito.
Si esta idea se tuviese clara, no resultarían admisibles determinados planteamientos
independentistas
Así que, insisto una vez más: Si una Democracia no es representativa, no es
Democracia, y el pueblo solo debe votar en los casos establecidos y contemplados por la ley.
Es sencillo, ¿verdad?
Aunque de menos entidad esto puede llevarnos a considerar el asunto del voto de los
militantes en elecciones primarias, pues si los manipuladores son capaces de confundirlo todo
cuando hablamos de la votación de los ciudadanos, resulta asombrosa la capacidad de enredar
que tienen cuando hablan de las bases de un partido político, a las que naturalmente pretenden
apelar si les conviene y que evitan cuando no. La confusión empieza por lo siguiente: mientras
que en los ciudadanos reside la soberanía, los accionistas de una empresa son propietarios, y
los socios de un club de golf lo son también, los militantes de un partido político no son sus
dueños. El partido es preexistente a los militantes. Son los fundadores quienes determinan la
ideología y la línea política que el partido va a defender y, a partir de ahí, el que se siente
identificado se afilia, es decir adopta una posición filial, la de un hijo, que se pone a disposición
del partido para colaborar con él. El afiliado es definido como militante, es decir, sometido a
una jerarquía, a la que voluntariamente se supedita y en la que ha de obedecer. Así que debe de
quedar claro que el partido no pertenece al militante, es el militante el que pertenece al partido.
Lo relevante es la voluntad del partido en defensa de su ideología y de la línea política que
defiende. Los afiliados eligen democráticamente a sus representantes en los órganos de
dirección, que velan por la continuidad ideológica y de la línea política, pero apelar a los
militantes para que resuelvan controversias, que deben dirimir los órganos de dirección, es
propio de oportunistas facciosos que quieren prevalecer por encima de esos mismos órganos,
que, elegidos por la militancia, la representan.
Las elecciones primarias son una aberración que va contra la naturaleza de lo que
realmente es un partido político. Los candidatos deben ser elegidos por los órganos que,
elegidos a su vez democráticamente por los militantes los representan. Si nos fijamos, los
partidos que más defienden las primarias, a la hora de la verdad no las aplican y, cuando lo

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